El Gobierno de Ecuador renovó este martes el estado de excepción en todo el país hasta el próximo 8 de octubre, con el objetivo de garantizar el orden constitucional, teniendo como respaldo la actuación de algunos efectivos de la Policía Nacional el pasado 30 de septiembre que intentaron efectuar un golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa.
A través de un comunicado emitido por la Presidencia de Ecuador se explicó que con el decreto número 493, se ratifica la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para que se encargue de la seguridad de la nación.
Asimismo este nuevo decreto estipula que los efectivos de seguridad deben velar por la integridad de la Asamblea Nacional (AN) para que se "pueda ejercer a plenitud sus atribuciones y facultades constitucionales y legales", señala la nota.
Esta decisión se tomó luego de que un grupo de efectivos policiales tomaran el pásado jueves a la fuerza las instalaciones de la AN con el fin de impedir el normal desarrollo de las actividades de esa institución.
El anterior decreto (el 488) se emitió el pasado 30 de septiembre luego del conflicto generado por la insubordinación de un pequeño grupos de la Policía Nacional, el mismo tuvo una duración de cinco días.
Según el comunicado, para implementar este estatuto, el Ministerio de Finanzas deberá situar los recursos suficientes para atender la emergencia y posteriormente, se deberá notificar a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.
"El período de duración de esta renovación del estado de excepción es hasta el día 8 de octubre", reza el decreto presidencial.
Este lunes, el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, había anunciado las medidas disciplinarias que se les aplicarán a los efectivos que forman parte del regimiento Quito, implicado en la intentona golpista.
Entre las medidas se encuentra la redistribución, de forma preventiva, de los policías que conformaban el regimiento Quito en varias unidades, así como también el relevo de cargos de varios oficiales para que cumplan funciones administrativas.
El pasado jueves, un grupo de uniformados alzados mantuvieron cercado por más de 12 horas el hospital de la Policía Nacional de Quito, en donde se encontraba el presidente Correa, quien denunció desde el recinto, que los sublevados intentaban acceder a la habitación en la que se encontraba en actitudes violentas.
Después de muchas horas en incertidumbre, Correa fue rescatado del hospital el mismo jueves, luego de un operativo conjunto de fuerzas militares y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del cuerpo policial.
En el proceso de rescate del mandatario ecuatoriano, que duró aproximadamente 35 minutos, se produjo un enfrentamiento entre los policías conspiradores y las fuerzas leales al Gobierno, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.
La ley de Servicios Públicos, por la que inició el conflicto, busca ordenar de una manera más equilibrada los ingresos de los efectivos e impulsar la homogeneidad en los beneficios laborales.
Las bonificaciones que recibían los oficiales se eliminarán y se incorporarán al salario mensual. Antes, los uniformados devengaban mil 907 dólares mensuales, ahora recibirán 2 mil 448 dólares todos los meses.
A través de un comunicado emitido por la Presidencia de Ecuador se explicó que con el decreto número 493, se ratifica la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para que se encargue de la seguridad de la nación.
Asimismo este nuevo decreto estipula que los efectivos de seguridad deben velar por la integridad de la Asamblea Nacional (AN) para que se "pueda ejercer a plenitud sus atribuciones y facultades constitucionales y legales", señala la nota.
Esta decisión se tomó luego de que un grupo de efectivos policiales tomaran el pásado jueves a la fuerza las instalaciones de la AN con el fin de impedir el normal desarrollo de las actividades de esa institución.
El anterior decreto (el 488) se emitió el pasado 30 de septiembre luego del conflicto generado por la insubordinación de un pequeño grupos de la Policía Nacional, el mismo tuvo una duración de cinco días.
Según el comunicado, para implementar este estatuto, el Ministerio de Finanzas deberá situar los recursos suficientes para atender la emergencia y posteriormente, se deberá notificar a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.
"El período de duración de esta renovación del estado de excepción es hasta el día 8 de octubre", reza el decreto presidencial.
Este lunes, el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Jalkh, había anunciado las medidas disciplinarias que se les aplicarán a los efectivos que forman parte del regimiento Quito, implicado en la intentona golpista.
Entre las medidas se encuentra la redistribución, de forma preventiva, de los policías que conformaban el regimiento Quito en varias unidades, así como también el relevo de cargos de varios oficiales para que cumplan funciones administrativas.
El pasado jueves, un grupo de uniformados alzados mantuvieron cercado por más de 12 horas el hospital de la Policía Nacional de Quito, en donde se encontraba el presidente Correa, quien denunció desde el recinto, que los sublevados intentaban acceder a la habitación en la que se encontraba en actitudes violentas.
Después de muchas horas en incertidumbre, Correa fue rescatado del hospital el mismo jueves, luego de un operativo conjunto de fuerzas militares y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del cuerpo policial.
En el proceso de rescate del mandatario ecuatoriano, que duró aproximadamente 35 minutos, se produjo un enfrentamiento entre los policías conspiradores y las fuerzas leales al Gobierno, que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.
La ley de Servicios Públicos, por la que inició el conflicto, busca ordenar de una manera más equilibrada los ingresos de los efectivos e impulsar la homogeneidad en los beneficios laborales.
Las bonificaciones que recibían los oficiales se eliminarán y se incorporarán al salario mensual. Antes, los uniformados devengaban mil 907 dólares mensuales, ahora recibirán 2 mil 448 dólares todos los meses.
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